Esta normativa, aprobada hace un año por el Gobierno, se adapta a la estrategia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental, y establece las exigencias básicas de calidad, seguridad y habitabilidad de los edificios destinados a viviendas como a cualquier otro uso, tanto nuevos como rehabilitados.

Los edificios que se empiecen a construir o a rehabilitar a partir de hoy deberán incluir de manera obligatoria fuentes de energía renovables para la obtención de agua caliente y electricidad, en cumplimiento del Código Técnico de Edificación (CTE), elaborado por el Ministerio de Vivienda.

El objetivo es lograr edificios más seguros y eficientes desde el punto de vista energético, para lo cual establece reducir el consumo de energía, conseguir su uso racional y sostenible y que parte de esta energía sea de fuentes renovables, con el objetivo de reducir las emisiones nocivas, como las de CO2.

El Código establece límites a la demanda de energía en función de las características de cada edificio para favorecer el ahorro, sin que disminuya el bienestar, impulsa el rendimiento de las instalaciones térmicas y de iluminación e impone unos porcentajes de energías limpias.

Según esta norma, una parte del agua caliente de los edificios debe provenir de energía solar directa y un porcentaje de la energía eléctrica que necesita se debe obtener por paneles solares.

Para ello, distingue 12 zonas climáticas en España y a cada una de ellas le corresponde un porcentaje de energías limpias de cumplimiento obligatorio.

Por ejemplo, en Madrid hasta el 70 por ciento del agua caliente deberá ser de origen solar, mientras en el norte de la península sólo será necesario alcanzar el 30 por ciento.

Lo mismo ocurre con la energía eléctrica producida por paneles solares, y cada zona climática tendrá que obtener un determinado porcentaje de kilovatios de la luz del sol.

Según las estimaciones del Observatorio de la Sostenibilidad en España, la aplicación del CTE podrá reducir en un 50 por ciento las emisiones de CO2 de las viviendas y reducir el gasto energético en un 30 o 40 por ciento, dijo su director, Luis Jiménez Herrero.

A pesar de estos datos, Jiménez advirtió de que la norma “no permitirá cumplir” a España los compromisos del Protocolo de Kioto sobre cambio climático, pero favorecerá a nuestro país, que es “especialmente vulnerable” ante ese proceso porque el ahorro energético “puede ser destacado”.

El director del Observatorio coincidió con el responsable de energía y cambio climático de Greenpeace, José Luis García, en que el Código “ha llegado tarde”.

García señaló que la norma “es un avance importante”, pero manifestó sus dudas sobre que suponga una mejora en cuanto al consumo de energía.

No obstante, animó a los ciudadanos a que presionen para que se haga cumplir este Código, porque “hasta ahora se ha cumplido de forma deficiente”.